La regla fiscal en Colombia es un mecanismo que limita el gasto público y el endeudamiento del gobierno nacional. Su objetivo es garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país a mediano y largo plazo.
La regla fiscal establece cada año una meta de déficit fiscal, expresada como porcentaje del PIB. Si el gobierno se desvía de los objetivos de balance entre gastos e ingresos o aumento de la deuda, los compradores de bonos exigen tasas más altas de interés de los bonos del gobierno y las calificadoras de riesgo pueden bajarle su calificación.
La regla fiscal se instauró en Colombia mediante la Ley 1473 de 2011. En 2021, la Ley de Inversión Social (Ley 2155 de 2021) creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) como un organismo de carácter técnico, permanente e independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La intención del actual gobierno colombiano de modificar la regla fiscal del país pone de relieve los continuos desafíos para una consolidación suficiente para estabilizar la deuda/PIB de manera duradera, dice Fitch Ratings.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo este mes que el gobierno presentaría un proyecto de ley para flexibilizar la norma, en un paquete de medidas destinadas a impulsar el débil crecimiento económico que pesa sobre las finanzas públicas. El crecimiento del PIB real se desaceleró drásticamente hasta el 0,6% el año pasado tras un fuerte repunte pospandémico, y pronosticamos una modesta expansión del 1,1% en 2024. El presidente Gustavo Petro ha dicho anteriormente que la regla fiscal debería adaptarse al gasto público anticíclico. Frente a esta afirmación es clave considerar que la norma fiscal en Colombia es procíclica. Esto indica que se limita el déficit o la deuda en años de expansión económica, y se incrementa la flexibilidad para endeudarse en periodos de reducción del crecimiento económico.
La calificación soberana ‘BB+’/Estable de Colombia, afirmada el 7 de diciembre de 2023 , está limitada por desafíos fiscales, una alta dependencia de las materias primas y déficits de cuenta corriente estructuralmente grandes. Los grandes déficits fiscales, una creciente carga de deuda pública y la disminución de la credibilidad de la política fiscal fueron factores que influyeron en la rebaja de la calificación de Colombia por debajo del grado de inversión en julio de 2021.
Fitch Ratings ha expresado su preocupación por los continuos desafíos que enfrenta Colombia para consolidar sus finanzas públicas y estabilizar la relación deuda/PIB de manera duradera, a pesar de la intención del gobierno de modificar la regla fiscal del país.
Debilitamiento del crecimiento económico y desafíos fiscales
El crecimiento del PIB real de Colombia se desaceleró drásticamente a solo el 0,6% el año pasado, y Fitch pronostica una modesta expansión del 1,1% en 2024. Este debilitamiento del crecimiento, junto con los grandes déficits fiscales y la creciente carga de deuda pública, ha puesto presión sobre las finanzas públicas del país.
Reformas fiscales y obstáculos para la consolidación
En noviembre de 2022, se aprobaron reformas fiscales y el alto crecimiento del PIB nominal y la apreciación del peso colombiano ayudaron a reducir el déficit y la deuda en 2023. Sin embargo, han surgido nuevos obstáculos para la consolidación fiscal.
Un fallo del Tribunal Constitucional en noviembre sobre la deducibilidad fiscal de las regalías para las empresas petroleras y carboneras obligó al gobierno a aumentar su objetivo de déficit del gobierno central para 2024 al 5,3% del PIB, por encima del objetivo inicial del 4,4%.
Riesgos para el objetivo de déficit y rigidez presupuestaria
Fitch considera que existen riesgos para el objetivo de déficit revisado del gobierno, especialmente en lo que respecta a la aprobación del Congreso de un sistema de arbitraje para acelerar la resolución de disputas fiscales. Las rigideces presupuestarias limitan el margen para realizar recortes de gastos distintos a los de capital, lo que podría debilitar aún más las perspectivas de crecimiento.
Reformas de pensiones y atención médica: avances e incertidumbres
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha propuesto reformas ambiciosas a los sistemas de pensiones y atención médica del país. En abril, un comité del Senado rechazó un proyecto de ley de salud, pero Petro ha anunciado que reintroducirá las reformas de salud y podría buscar cambios constitucionales para implementarlas.
En cuanto a las pensiones, el Senado aprobó un proyecto de ley que, si es aprobado por la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, entraría en vigor a partir de julio de 2025. El proyecto de ley eliminaría la competencia entre los sistemas de pensiones público y privado, lo que podría generar ahorros a largo plazo para el sistema público.
Sin embargo, Fitch señala que la ausencia de reformas paramétricas en el proyecto de ley de pensiones significa que el pasivo pensional estimado global aumentaría con el tiempo, lo que podría generar presiones fiscales adicionales para el gobierno.
Fitch: la deuda del gobierno general/PIB seguirá aumentando
A pesar de la búsqueda de consolidación fiscal por parte del gobierno, Fitch proyecta que la deuda del gobierno general/PIB de Colombia seguirá aumentando al 56,3% en 2025. Esto se debe a que los superávits primarios previstos no serán suficientes para estabilizar la relación deuda/PIB, incluso si el crecimiento aumenta al 2,8% en 2025.
Modificación de la regla fiscal: incertidumbre y desafíos
El gobierno ha anunciado su intención de modificar la regla fiscal del país, pero aún no ha presentado una propuesta legislativa detallada. Fitch considera que es poco probable que el Congreso apruebe una modificación significativa de la regla fiscal sin cambios importantes en la política fiscal que reduzcan los déficits del gobierno central a mediano plazo a alrededor del 4,5% del PIB.
Conclusión
Los continuos desafíos fiscales y la desaceleración del crecimiento económico representan obstáculos importantes para la consolidación fiscal duradera en Colombia. Las reformas de pensiones y atención médica propuestas por el gobierno podrían generar ahorros a largo plazo, pero también presentan incertidumbres y riesgos potenciales. La modificación de la regla fiscal, si se aprueba, podría proporcionar cierta flexibilidad fiscal, pero requeriría cambios significativos en la política fiscal para ser efectiva.
